El ex rector defiende la legalidad de una biblioteca en los jardines del Prado
El consejero de Economía y exrector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, defendió ayer la «legalidad del momento» para construir en los jardines del Prado una biblioteca universitaria, proyecto que fue fallido, por lo que la Junta le pide a la institución que devuelva 16,4 millones de subvención. 
Ramírez de Arellano, que era vicerrector de Infraestructuras en ese momento, aseguró, en respuesta a una pregunta oral del PP andaluz ante el Pleno del Parlamento, que siempre ha actuado de acuerdo con la legalidad e insistió en que en 2008 las obras tenían licencia según el PGOU y cumplían todos los requisitos.
Insiste en la «legalidad del momento» porque había licencia de obras para construir esta biblioteca, que tuvo que ser demolida por orden judicial posteriormente. Pide «rigor y coherencia» al PP y recuerda que este partido propuso la construcción de un edificio cultural «justo donde iba la biblioteca».
El diputado andaluz del PP, Jaime Raynaud, afirmó que este «auténtico desatino» tiene que tener responsabilidades políticas. «Si procede el reintegro, tendrá que haber algún responsable por la mala gestión del proyecto; y si no procede el reintegro, tendrá que haber un responsable por dar una subvención a un proyecto que no se hace», indicó.
El parlamentario andaluz del PP discrepó de la legalidad de esta actuación y defendió que su partido «jamás estuvo de acuerdo con la construcción de esa biblioteca». Raynaud hizo referencia a la sentencia de demolición del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para preguntar «dónde está la legalidad» y cuestionó si procede iniciar el proceso de reintegro de la subvención porque ahora él es consejero pero no era así cuando ocupaba el puesto de rector.
Raynaud calificó lo ocurrido como «un desatino del PSOE de principio a fin» y opinó que debe haber responsabilidades políticas porque hubo «dos actores principales, la Universidad y la Junta» con un «espectador de excepción, el Ayuntamiento», que en aquel momento gobernaba también el PSOE.
En su réplica, el ex rector y consejero socialista insistió en «la legalidad del momento» en la construcción del edificio, al tiempo que rechazó que el PP diga que siempre ha estado en contra de este proyecto cuando, según esgrimió Arellano ante el pleno, «el PP presentó una alegación al PGOU de 2003 en el que proponía la construcción de un edificio cultural en el mismo sitio donde se ubicaba la biblioteca».
El Tribunal Supremo tumbó en el verano de 2011 la construcción de la biblioteca universitaria en una zona verde por considerar que el cambio de calificación de los terrenos del Prado de zona verde a equipamiento educativo «no se ajusta a los contornos propios en los que ha de moverse una decisión discrecional ni dicha decisión ha sido debidamente justificada».El Alto Tribunal recordó que «las zonas verdes nacen para hacer habitable y respirable la calle».
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